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28 de mayo de 2021

DEBATE SOBRE LEY TRANS. 29 DE MAYO DE 2021.


 

Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

La ley 3/2007, de 15 de marzo, tenía ámbito estatal y ya reconocía la no necesidad de intervención quirúrgica para el cambio legal de nombre propio y sexo en la inscripción de nacimiento, paso previo a poder modificarlos en todos los documentos. Sí se requería, según el artículo 1, tener la nacionalidad española, ser mayor de edad, hormonación previa durante dos años (salvo imposibilidad de ello por cuestiones de salud) e informes médicos. Estos informes, según el artículo 4, se concretan en:

Artículo 4.

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite:

a) Que le ha sido diagnosticada disforia de género.

La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:

1. A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.

2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

b) Que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado. La acreditación del cumplimiento de este requisito se efectuará mediante informe del médico colegiado bajo cuya dirección se haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante informe de un médico forense especializado.

2. No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya incluido cirugía de reasignación sexual.

Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra b) del apartado anterior no serán un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia.

 

Como puede comprobarse, para el cambio oficial de identidad de sexo/género se necesitaba un informe médico o psicológico de disforia de género, es decir, de padecer un trastorno.

 

Posteriormente, se han ido promulgando una serie de leyes sobre derechos trans en distintas comunidades autónomas de nuestro país.

De las diecisiete comunidades autónomas del Estado español, algunas de sus legislaciones sobre derechos trans no son leyes específicas, sino que engloban los derechos LGTBI. Se trata de normativas para la consecución de la igualdad y la eliminación de la discriminación y LGTBIfobia en el ámbito social, civil, laboral, económico, educativo, sanitario, familiar y cultural. Son, en concreto, seis, correspondientes a, por orden alfabético, Baleares, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra.

─ Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia, de Baleares-Illes Balears.

─Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia, de Cataluña.

─Ley 8/2016, de la Región de Murcia.

─Ley Foral 8/2017, de Navarra.

 

Hay dos leyes autonómicas, la de Canarias y la del País Vasco, que, en su redactado inicial, exigían informes médicos a las personas transexuales para cambiar su identidad. Actualmente ambas se han reformado.

 

Por otra parte, las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja no tienen aún ley trans ni LGTBI, aunque en algunas de ellas sí existen anteproyectos y proyectos que impulsan la elaboración de las mismas

 

Las leyes de Andalucía, Aragón, Madrid y Comunidad Valenciana.

─La ley 2/2014, de Andalucía.

─Ley 2/2016, de la Comunidad de Madrid.

─Ley 4/2018, de la Comunidad Autónoma de Aragón.

─Ley 8/2017, de la Comunitat Valenciana.

 

Se habrá podido comprobar la diversidad de situaciones con las que nos encontramos en España. Hay una ley de ámbito estatal del año 2007. Debe tenerse en cuenta la importancia de esta ley, puesto que el DNI es competencia estatal y, aunque una persona trans pueda usar otros documentos en su comunidad autónoma, nunca tendrán la validez del carnet de identidad.

Además de esta ley de 2007, se han ido promulgando otras a nivel autonómico, con una tendencia que se va generalizando: el derecho a la libre autodeterminación. Pero también con normas diferentes para cada territorio y utilizando una terminología distinta (terminología que es, además, fuente de polémica). Para unificar e igualar estas situaciones tan diversas es por lo que se han elaborado varias propuestas legislativas.

 

─La proposición de ley para la reforma de la Ley 3/2007, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

─La proposición de ley sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se publicó en el Boletín General de las Cortes Generales el 2 de marzo de 2018.

─En 2019 se publica en el Boletín de las Cortes Generales, el 12 de marzo, el informe emitido por la ponencia sobre la proposición de ley para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. El informe fue redactado por diputados de varios partidos del Congreso: PP, PSOE, Ciudadanos, Compromís, Esquerra Republicana, PNV, PdeCAT y Podemos.

 

 

El borrador de ley estatal e integral de 2021: Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans.

 

Esta ley se basa, fundamentalmente, en la apuesta por el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual y expresión de género, considerada un derecho humano fundamental.

 

Esto dice el borrador sobre los objetivos de la propia ley, en su exposición de motivos:

 

[…] ha llegado el momento de considerar a las personas trans como sujetos activos en la formulación de políticas y disposiciones normativas que no patologicen sus cuerpos ni sus identidades a través de requerimientos e intervenciones médicas, de que sean reconocidas socialmente las múltiples identidades sexo-genéricas y de que se implementen medidas para lograr la auténtica igualdad social de las personas trans.

Al reconocer el derecho a la libre determinación de la identidad de género de la persona, los poderes públicos se convierten en garantes de un derecho que históricamente ha estado sujeto a la discrecionalidad gubernamental. Se restituye a la persona el derecho inherente a decidir sobre su propio cuerpo y su ser, sobre la base del libre desarrollo de la personalidad que proclama nuestra Constitución como fundamento del orden político y de la paz social. […].

La ley pretende visibilizar y dar respuesta a las complejas situaciones que experimentan las personas trans, quienes no conforman un colectivo homogéneo, ni siquiera una unívoca forma de sentir y ser. Reconoce la existencia de múltiples itinerarios y formas de construir, expresar y vivir las identidades trans, y en definitiva las múltiples exteriorizaciones de la identidad de género.

[…]

La aprobación de esta ley supone, en fin, el reconocimiento por parte del Estado de las discriminaciones estructurales que sufren las personas trans, de las múltiples violencias que se ejercen sobre estas personas, así como de la situación de desigualdad y de limitación de oportunidades vitales a las que se les ha sometido a lo largo de los siglos y a las que se les sigue sometiendo. Se trata, en definitiva, de una reparación histórica que busca establecer las herramientas para poner un punto y final a una situación de flagrante injusticia que no puede tener cabida en ninguna sociedad democrática.

 

Continuemos, ahora, con el articulado:

Artículo 1. Objeto.

1. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans, mediante el reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada, como exigencia de la dignidad humana y requisito para el libre desarrollo de la personalidad.

 

Los campos que la proposición trata en sus sucesivos títulos y artículos son el sanitario, educativo, laboral, penitenciario y deportivo.

 

Artículo 3. Principios rectores.

Son principios rectores de la presente ley los siguientes:

[…]

Libre desarrollo y reconocimiento de la personalidad: toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género, orientación sexual, identidad de género y expresiones de género. Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir, negar, modificar o visibilizar forzosamente su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

 

Artículo 5. Derecho a la identidad de género libremente manifestada.

Toda persona tiene derecho:

Al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica, en los términos previstos en esta ley, sin que pueda mediar discriminación por razón de edad, sexo, origen racial o étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, expresión de género, características sexuales, discapacidad, enfermedad, estado serológico, lengua, clase social, migración, situación administrativa o cualquier otra condición personal o social.

Al libre desarrollo de la personalidad acorde con su identidad de género y expresión de género.

 

Artículo 9. Legitimación.

Toda persona de nacionalidad española, mayor de dieciséis años y con capacidad suficiente, podrá solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral del sexo.

Las personas de entre doce y dieciséis años podrán efectuar la solicitud a través de sus representantes legales o por sí mismas con su consentimiento.

Los representantes legales de personas menores de doce años o de aquellas con capacidad de obrar modificada judicialmente, podrán realizar la solicitud de rectificación de la mención registral del sexo con la conformidad expresa de las mismas y en beneficio de aquellas.

En el supuesto de desacuerdo de los progenitores o tutores, entre sí o con la persona menor de edad o incapacitada, la persona menor de edad o incapacitada podrá efectuar la solicitud a través de cualquiera de sus representantes legales, o bien se procederá al nombramiento de un defensor judicial de conformidad con lo previsto en el artículo 300 del Código Civil.

 

Artículo 12. Requisitos para acordar la rectificación.

La solicitud de rectificación registral de la mención de sexo no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada o de sus representantes legales, de acuerdo con lo establecido en esta ley, indicando el nombre propio, en su caso, y sexo registral con los que se siente identificada, a fin de acreditar la voluntad de la persona interesada, así como los datos necesarios de la inscripción que se pretende rectificar, y el número del documento nacional de identidad.

El ejercicio de este derecho en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, sin perjuicio del derecho de la persona interesada a hacer uso de tales medios.

 

Artículo 13. Mención relativa al sexo.

En los documentos oficiales de identificación, la determinación del sexo se corresponderá con la registral

El Ministerio del Interior adoptará las medidas necesarias para que los documentos oficiales de identificación puedan omitir, a petición de la persona interesada, la mención relativa al sexo.

 

Artículo 14. Efectos.

La resolución que acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá efectos constitutivos a partir de su inscripción en el Registro Civil.

La rectificación registral permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición.

La rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, en particular a efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

 

Artículo 17. Cambio de nombre en el Registro Civil de personas trans menores.

Las personas trans menores tienen derecho a obtener la inscripción registral del cambio de nombre para que este se corresponda con su identidad de género, sin necesidad de rectificar la mención relativa al sexo.

La solicitud de inscripción del cambio de nombre será atendida en el Registro Civil, con el mismo procedimiento y requisitos que los establecidos en este título para la rectificación registral de la mención relativa al sexo.

 

Artículo 18. Adecuación de la documentación de personas extranjeras.

Las personas extranjeras con residencia legal en España que no pudieren o no hubieren rectificado la mención registral relativa al sexo o el cambio de nombre en su país de origen y que acrediten la notoriedad, bien de la imposibilidad legal o de hecho de llevarlo a efecto, bien de que ello signifique riesgo para su propia vida o integridad, siempre que cumplan los requisitos de esta ley, excepto el de estar en posesión de la nacionalidad española, podrán interesar la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en la tarjeta de identidad de extranjero u otros documentos identificativos o de viaje que les hayan sido expedidos por las autoridades españolas, ante la autoridad competente para dicha expedición, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine, a fin de hacerlos corresponder con la identidad de género libremente manifestada.

 

También es muy importante tener en cuenta estas definiciones:

Artículo 4. Definiciones.

A los efectos de esta ley, se entiende por:

Identidad de género o sexual: la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer.

Persona trans: toda aquella persona cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer.

[…]

4. Expresión de género: la manifestación que cada persona hace de su identidad de género.

 

El artículo 14.3. indica con toda claridad que el cambio de sexo no permite librarse de la aplicación de leyes como la ley contra la violencia de género, una de las posibles (y falsas) consecuencias de la aprobación de este borrador que más se está comentando y repitiendo.

 

La cuestión de las y los menores trans

Artículo 6. Personas trans menores de dieciocho años.

Las Administraciones Públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas trans menores sean tratadas en todos los ámbitos de acuerdo con su identidad de género, aun cuando no hayan realizado la rectificación registral de la mención relativa al sexo.

[…]

4. Se considerará que la negativa a respetar la identidad de género de una persona menor de dieciocho años por parte de su entorno familiar perjudica el desarrollo personal del menor, a efectos de valorar una situación de riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 

Medidas en el ámbito de la salud

Artículo 26. Prohibición de conductas contrarias a la intimidad y la integridad física de las personas.

1. Ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodefinición de la identidad de género.

2. Se prohíbe el uso de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la identidad de género, o que estén basados en la suposición de que cualquier identidad de género es consecuencia de enfermedad o trastorno.

 

Artículo 27. Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

1. El Sistema Nacional de Salud incluirá la asistencia sanitaria necesaria para el tratamiento hormonal, terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico en la cartera de servicios comunes en las condiciones que se establezcan.

Dicha asistencia sanitaria incluirá el acompañamiento en todos los aspectos de la salud física y mental de la persona.

2. El tratamiento hormonal en el caso de las personas menores de edad comprenderá el tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, para evitar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados; y el tratamiento hormonal cruzado para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, a fin de propiciar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios deseados.

Se informará a la persona menor y a sus representantes legales sobre la posibilidad de posponer o reducir la medicación, respetándose en todo caso la decisión de la persona interesada.

 

Artículo 29. Derechos sexuales y reproductivos de las personas trans.

Las personas trans con capacidad de gestar podrán ser receptoras o usuarias de las técnicas de reproducción humana asistida en los términos previstos en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.

Antes del inicio de cualquier tratamiento que pudiera comprometer su capacidad reproductora, las personas trans deberán contar con la posibilidad real y efectiva de acceder a las técnicas de congelación de tejido gonadal y de células reproductivas para su futura recuperación en las mismas condiciones que el resto de personas usuarias.

 

Artículo 31. Modelo de atención a la salud de las personas trans.

]…]

3. La información, verbal o escrita, que se proporcione a la persona interesada en ningún caso podrá ser parcial, sesgada o pretender influir en la formación de criterios contrarios a los que salvaguardan la autonomía, la integridad física y la libre determinación de la identidad de género.

 

Artículo 32. Protocolos de actuación en el ámbito de la salud.

[…]

3. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, podrán establecer servicios especializados en diversidad de género, conformados por equipos multidisciplinares de profesionales, que realicen, entre otras, algunas de las siguientes funciones:

Informar, apoyar y acompañar en todo el proceso a las personas trans, identificando sus demandas y el itinerario deseado.

Prestar apoyo a la atención ambulatoria y a los centros especializados territorializados.

 

Medidas en el ámbito educativo

Artículo 33. Alumnado y personal en los centros educativos.

[…]

3. Los centros educativos deberán adecuar la documentación administrativa en las aplicaciones y programas de gestión educativa, haciendo figurar el nombre y sexo manifestados, sin perjuicio de que a efectos internos y sin que sea visible por el alumnado figure el nombre registral para su constancia en los títulos o documentos oficiales destinados a surtir efectos externos que se puedan expedir, entre tanto esos datos no sean objeto de rectificación registral.

4. El ejercicio de estos derechos en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico, así como tampoco a la autorización previa de las personas que ostenten la patria potestad o sean sus representantes legales.

 

Medidas en el ámbito laboral.

Artículo 20. Estrategia estatal para la inclusión social de las personas trans.

[…]

3. La estrategia incluirá la realización de los estudios necesarios para conocer la situación socioeconómica, sanitaria y psicosocial de las personas trans, de forma que las medidas de acción positiva se apoyen en un diagnóstico claro, así como un sistema de indicadores para su adecuado seguimiento y evaluación, de modo que sea posible evaluar su eficacia y grado de cumplimiento.

 

Artículo 35. Fomento del empleo de las personas trans.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, con el objetivo de impulsar la integración, empleabilidad e inserción sociolaboral de las personas trans, adoptarán medidas encaminadas a:

Desarrollar estrategias y campañas de concienciación en el ámbito laboral.

Implementar acciones positivas, dirigidas a organismos públicos y empresas privadas.

Evaluar la evolución de la situación socio-laboral de las personas trans.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social incluirá en los Planes Anuales de Política de Empleo las medidas necesarias para mejorar la empleabilidad de las personas trans.

 

Artículo 36. Incentivos para la contratación de personas trans en el sector privado.

Las empresas de inserción podrán contratar como trabajadoras, a efectos de lo previsto en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, a las personas trans en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo.

Quienes contraten indefinidamente a personas trans en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo, podrán acogerse a las bonificaciones mensuales de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado, de 50 euros/mes (600 euros/año) durante 4 años, en los términos de la Ley 43/2006,   de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.

 

En los artículos 20.3 y 35 pueden verse las medidas propuestas para la evaluación y seguimiento de la situación socioeconómica y laboral de las personas trans y para el fomento de su empleo desde las administraciones públicas. Se ha dicho que esta ley contemplaría a todas las personas trans como marginadas y necesitadas de que se les facilitaran y reservaran puestos de trabajo públicos y privados, igual que si padecieran una discapacidad. Pero no es así. La ley pretende ayudar a aquellas personas trans con problemas de desempleo, debidos a su condición trans que, en ocasiones fácilmente percibible y que les dificulta encontrar trabajo (en especial las mujeres, muchas de las cuales han tenido que dedicarse a la prostitución). De hecho, el borrador de 2018 sí consideraba en general que las personas trans se encuentran en situación de riesgo de exclusión social.

 

En el art. 36 encontramos las medidas favorecedoras para el empleo en el sector privado, pero sujetas a condiciones, no para todas las personas trans sin más requisito. Por tanto, ha habido cambios al respecto y puede haberlos todavía en el actual borrador. No se está considerando a todas las personas trans como marginadas y necesitadas de una especial ayuda, ni se les da un trato de favor. Tal como se menciona en el art.36, estas medidas se dirigen a las personas trans “en situación de exclusión social desempleadas e inscritas en los Servicios Públicos de Empleo, con especiales dificultades para su integración en el mercado de trabajo”. Y las empresas que empleen a estas personas y tengan beneficios en cuanto a impuestos, deben seguir la ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. Y esta dice:

[…]según la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en la que se regulan las bonificaciones de los contratos que se celebren con trabajadores con discapacidad, personas que se encuentren en situación de exclusión social, víctimas de violencia de género o doméstica y víctimas del terrorismo: 

“Artículo 2.5. Los empleadores que contraten indefinidamente a trabajadores en situación de exclusión social, incluidos en los colectivos relacionados en la disposición adicional segunda de esta Ley, y que tengan acreditada esta condición por los servicios sociales u órganos competentes, podrán acogerse a las bonificaciones mensuales de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado, de 50 euros/mes (600 euros/año) durante 4 años.” Es decir, la condición de situación de exclusión social debe acreditarse individualmente. Por lo tanto, es falso que acreditar la pertenencia a un colectivo en dicha situación sea suficiente para beneficiarse de estas bonificaciones. (Deshaciendo bulos tránsfobos: así nos distraen de lo importante y necesario, 2020).

 

Centros de reclusión

Personas trans en situación de privación de libertad, detención o custodia

Artículo 37. Garantía de la integridad física y moral de las personas trans en situación de privación de libertad, detención o custodia.

Todas las personas en situación de privación de libertad, internas en un centro de detención o que se encuentren bajo la custodia de las Administraciones Públicas tienen derecho a ser tratadas y separadas conforme a su sexo registral.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para:

Garantizar la integridad física y moral de las personas trans que residan en centros de internamiento.

Asegurar que las personas trans en situación de privación de libertad puedan iniciar o continuar cualquier tratamiento médico u hormonal que estén siguiendo o que deseen iniciar, y acceder a los servicios de atención médica especializada.

Diseñar e implementar protocolos de prevención de la transfobia, así como de atención y asistencia a las personas trans que se encuentren en centros de internamiento.

No obstante lo dispuesto en el apartado primero, en los casos en los que la persona trans considere que el tratamiento conforme a su sexo registral puede poner en riesgo su vida o integridad podrá solicitar a la dirección del centro de internamiento la separación conforme al sexo contrario. La dirección del centro de internamiento valorará cada solicitud, y resolverá con el fin último de preservar la dignidad de la persona.

 

Artículo 38. Personas trans en situación de privación de libertad, detención o custodia que no cumplan los requisitos para el cambio registral de la mención relativa al sexo.

Las personas trans que no cumplan los requisitos establecidos en la presente ley para efectuar el cambio registral de la mención relativa al sexo, podrán solicitar de la Administración que corresponda el reconocimiento de su identidad de género a los efectos de separación dentro de un centro de internamiento.

La dirección del centro valorará cada solicitud, sin que puedan realizarse pruebas dirigidas a la verificación del sexo, y resolverá con el fin último de preservar la dignidad de la persona.

El reconocimiento de la identidad de género solicitada no implicará el de una nueva identidad jurídica en el interior o el exterior de los centros ni supondrá, en su caso, cambio en su clasificación penitenciaria.

 

Medidas en el ámbito deportivo

Artículo 39. Respeto al derecho a la identidad de género en las prácticas deportivas.

En las prácticas, eventos y competiciones deportivos se considerará a las personas que participen atendiendo a su sexo registral, sin que puedan realizarse en ningún caso pruebas de verificación del sexo.

Las personas trans extranjeras cuyos documentos identificativos expedidos por las autoridades españolas hayan sido adecuados a su identidad de género, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la presente ley, podrán participar en función del sexo que conste en esos documentos identificativos.

Las personas trans menores de 16 años, aun cuando no hayan rectificado la mención relativa al sexo, así como las personas trans extranjeras que no cumplan los requisitos para interesar la rectificación de la mención del sexo y el cambio del nombre en sus documentos identificativos, tendrán derecho a participar en las prácticas, eventos y competiciones deportivos de acuerdo con su identidad de género.

En las instalaciones deportivas segregadas por sexo se garantizará a las personas trans el acceso y uso de las instalaciones correspondientes a su identidad de género.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del oportuno cumplimiento de las normas que rijan las competiciones internacionales.

 

8 de abril de 2021

"MATERIA EXTRAÑA", DE JUAN JOSÉ GÓMEZ CADENAS

 Juan José Gómez Cadenas

Materia extraña

Madrid, Espasa, 2008.

Hay también versión digital Kindle en Amazon.


Llevaba yo años buscando este libro en digital, para poder leerlo, y al fin lo encontré hace poco en versión Kindle. Se trata de ciencia ficción dura, cerca del tecnothriller. El autor es científico, físico, además de novelista.

Me he  encontrado con una novela muy entretenida, con una trama literaria bien elaborada, personajes consistentes (y maneja bastantes), una dosis equilibrada de intriga y suspense, acción  en ocasiones vertiginosa, un poco de política, mucho más de física de partículas, aceleradores de dichas partículas y esa rareza, nunca mejor dicho, llamada materia extraña. El estilo es limpio y cuidado, nada pretencioso (lo digo como elogio).

Me gusta la ciencia ficción dura porque aborda temas de los que no tengo ni idea y, libro a libro, algo se me queda en la cabeza. Aseguro también que esta novela no es abstrusa ni pesada. Por el contrario, las escenas y episodios se suceden de manera ágil y grácil. El autor mezcla componentes en un cóctel que se disfruta bien. Yo la recomendaría para todo tipo de público, hasta para quienes no son aficionados a la ciencia ficción. Supongo que el título no se difundió mucho en el fandom porque Gómez Cadenas no lo frecuenta; es una lástima que no se haya conocido más entre quienes gustamos de este género.

Cuando buscas una novela que te enganche, te enseñe y, además, esté bien escrita, de factura clásica, hay que saborear ese placer al encontrarla, porque no sucede tanto como nos gustaría. Por cierto que la historia podría servir para una interesante película.

La novela tiene unos años, pero, ya saben: los libros no caducan.